Al igual que muchos otros jóvenes somalíes que entrevisté en Kenia, Xarid M. recorrió cada día las peligrosas calles de Mogadishu, la capital de Somalia, para asistir a la escuela mientras fue posible. Pero todo cambió por completo el día en que el grupo insurgente islamista Al-Shabaab llevó la guerra hasta su propia aula.

“Los de Al-Shabaab ingresaron al recinto escolar y nos dijeron que permaneciéramos en la clase”, contó. Los soldados montaron un lanzacohetes en el patio y comenzaron a disparar en dirección al territorio enemigo. Durante más de dos horas, los alumnos y docentes se amontonaron dentro del establecimiento, aterrorizados por el sonido de los contraataques. Los soldados de Al-Shabaab finalmente les permitieron irse, pero mientras intentaban escapar un proyectil explotó en el establecimiento y ocho estudiantes perdieron la vida.

Este es tan sólo un ejemplo que muestra que Al-Shabaab recurre habitualmente al uso de escuelas en zonas bajo su control. Algunos estudiantes señalaron que el grupo izó su bandera en las escuelas y guardó granadas y armas dentro de los edificios mientras aún se estaban dando clases. Varios jóvenes somalíes me contaron que Al-Shabaab secuestró a niños de las escuelas para reclutarlos como soldados y se llevó a niñas de las aulas para obligarlas a contraer matrimonio.

Miembros del grupo armado visitaban periódicamente las escuelas para asegurarse de que no se enseñara inglés ni se impartieran otras asignaturas que consideran cuestionables. A veces enviaban a sus propios soldados a que enseñaran su versión del islam y realizaran prácticas sobre uso de armas, o directamente tomaban el control de las escuelas. Un niño que dejó la escuela durante un período de enfrentamientos constantes dijo que cuando regresó “la escuela era una zona bajo el control de Al-Shabaab. Vi que sus vehículos ‘técnicos’ estaban allí. Ya no se enseñaba”.

Sin embargo, no fueron únicamente las fuerzas rebeldes quienes usaron indebidamente las escuelas. El Gobierno Federal de Transición de Somalia, que ahora fue reemplazado bajo los auspicios de la ONU por el Gobierno Nacional Somalí, también utilizó predios escolares como campamentos y centros de detención.

Lamentablemente, las experiencias de los estudiantes de Mogadishu no son ejemplos aislados. Durante el conflicto se registró un uso extendido de escuelas y universidades por fuerzas del Gobierno y grupos rebeldes. Según un estudio difundido hoy por la Global Coalition to Protect Education from Attack (Coalición Global para Proteger la Educación de Ataques), una alianza integrada por varios organismos de la ONU y organizaciones no gubernamentales, las escuelas y otras instituciones educativas han sido utilizadas por ejércitos nacionales y grupos armados en la mayoría de los conflictos armados en todo el mundo, en al menos 24 países durante los últimos siete años.

En Siria, por ejemplo, las fuerzas del Gobierno han usado escuelas como cuarteles, y han emplazado tanques de guerra en las puertas de acceso y francotiradores en los techos. Las fuerzas de oposición también han usado colegios como bases. En Saná, Yemen, soldados de ambos bandos han empleado escuelas como cuarteles, bases y puestos de control y de tiro. En el sur de Tailandia, milicias paramilitares y soldados del Real Ejército Tailandés ocuparon al menos 79 escuelas durante 2010. (Posteriormente se retiraron de muchas de ellas). Esta práctica también se extiende a Afganistán, Costa de Marfil, India, Libia, Mali y otras zonas de conflicto.

Estos hechos tienen un costo muy alto. La presencia de fuerzas armadas en las escuelas y universidades puede convertir a estos establecimientos en objetivos militares legítimos, y ello supone un grave riesgo para los estudiantes y docentes que aún se encuentren allí. Al igual que los compañeros de Xarid, algunos estudiantes han sido heridos o incluso han muerto. Muchos otros niños han visto interrumpida su educación, ya que las clases deben trasladarse a otros sitios, la infraestructura escolar resulta dañada o se destruye, y los estudiantes abandonan su educación. Quienes intentan continuar, a menudo deben hacinarse en las pocas aulas que pueden usar y están expuestos a la distracción de convivir con soldados que empuñan armas, interrogan a sospechosos en las escuelas y consumen drogas y alcohol. No resulta sorprendente que sean las niñas a quienes esta situación afecta más profundamente.

“Cuando estaban en la escuela, yo me sentía constantemente preocupada”, dijo la madre de una niña que finalmente fue secuestrada de su escuela por Al-Shabaab. “Cada día que tu hijo regresa estás agradecida. Todos los días había incidentes en la escuela”.

El uso militar de escuelas no sólo perjudica la seguridad y educación de los estudiantes, sino que sus costos perduran mucho después del fin de un conflicto. Por ejemplo, en Sudán del Sur, una nación que se independizó recientemente, las fuerzas de seguridad usaron al menos 21 escuelas para fines militares durante 2011, y esto afectó aproximadamente a 10.900 niños. Se estima que el costo de reparar el perjuicio causado ascendió a cerca de US$ 67.000 por escuela.

Pero la situación no debería ser así. Distintas comunidades, organizaciones internacionales, legislaturas, tribunales y fuerzas armadas han encontrado modos de evitar que fuerzas y grupos armados usen escuelas y otras instituciones educativas. En Filipinas, por ejemplo, si bien aún se registran algunos incidentes de uso militar de escuelas, tanto las leyes nacionales como las políticas militares prohíben expresamente esta práctica. Este año, las Naciones Unidas publicaron un nuevo manual que prohíbe a todos los batallones de infantería que intervienen en misiones de paz utilizar escuelas durante sus operaciones. Sin embargo, el estudio de la Coalición observó que son pocos los Estados que restringen de manera expresa el uso de escuelas por sus propias fuerzas militares. Este es un ámbito donde resultaría sumamente útil contar con pautas internacionales.

Adoptar una prohibición clara y simple del uso de escuelas y universidades para fines militares ofrecería un parámetro inequívoco y fácilmente comunicable a los soldados que intervengan en enfrentamientos. Quienes dirijan y planifiquen estos operativos sabrán que tienen que preparar sus acciones en forma anticipada para evitar usar y poner en peligro escuelas y otras instituciones educativas. Las organizaciones internacionales y locales, y también las propias comunidades, se beneficiarían mediante la adopción de un estándar que podrían usar para controlar el desempeño de los ejércitos nacionales y los grupos armados, y cuestionar su presencia. Un estándar internacional serviría además como herramienta para negociar con grupos infractores y podría orientar a las fuerzas militares para que mitiguen los daños cuando haya grupos armados que usen igualmente los establecimientos educativos.

Las escuelas deben ser sitios seguros para los niños, y los militares y grupos armados deben permanecer fuera de su perímetro.

Zama Coursen-Neff, Directora, división de derechos del niño de Human Rights Watch