(Oslo, 29 de mayo de 2015) – Un total de 37 países adhirieron el 29 de mayo de 2015 a una Declaración sobre Escuelas Seguras, de alcance internacional, por medio de la cual se comprometen a adoptar medidas destinadas a proteger a la educación frente a ataques. En situaciones de conflicto, los ataques frecuentes perpetrados por partes armadas contra escuelas y universidades, así como su personal y alumnos, están privando a miles de personas de la posibilidad de educación, con resultados devastadores para los individuos y sus comunidades, señaló la Coalición Global para Proteger la Educación de Ataques (Global Coalition to Protect Education, GCPEA).

La Declaración se adoptó durante un encuentro auspiciado por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Noruega, en Oslo. Es el resultado de un proceso iniciado originariamente por la Coalición en 2012, y encabezado por los gobiernos de Noruega y Argentina desde 2014.

“Los ataques deliberados a la educación están privando a una generación de la posibilidad de alcanzar su potencial y tienen un enorme costo social en el largo plazo”, observó Diya Nijhowne, directora de la Coalición. “Los países que adoptan la Declaración sobre Escuelas Seguras asumen el compromiso de tomar medidas concretas para proteger a estudiantes y a su educación en épocas de conflicto”.

Al sumarse a la Declaración, los países se comprometen a adoptar y aplicar las nuevas Directrices para Prevenir el Uso Militar de Escuelas y Universidades durante Conflictos Armados, en las cuales se estipula que todas las fuerzas armadas deberán evitar usar o atacar edificios educativos. La Declaración también exige que los países registren a las personas muertas o heridas como resultado de ataques contra la educación, brinden asistencia a víctimas y den apoyo a programas humanitarios que favorezcan la continuidad de la educación durante conflictos armados.

Cuando las fuerzas armadas usan escuelas y universidades como bases y cuarteles, depósitos de armas, campos de entrenamiento o centros de detención, esto no solo puede expulsar de allí a los alumnos, sino que además podría convertir a los edificios en objetivos militares, explicó la Coalición. A menudo, las fuerzas armadas no reconocen las consecuencias inmediatas o a largo plazo del uso militar de escuelas. Al usar las Directrices, los países contribuyen a proteger a los menores, su sistema educativo y, en definitiva, sus sociedades.

Las Directrices están destinadas tanto a grupos armados no estatales como a fuerzas armadas gubernamentales. En noviembre de 2014, las Directrices fueron tratadas durante un encuentro de representantes de 35 grupos armados no estatales de 14 países, organizado por Geneva Call, una organización que trabaja para conseguir que estos grupos respeten las normas humanitarias internacionales. En una declaración adoptada al término del encuentro, los grupos armados no estatales señalaron que tendrían en cuenta las Directrices y manifestaron satisfacción debido a que se estaba reconociendo a grupos armados no estatales como actores interesados de la iniciativa para proteger a estudiantes y a su educación.

En un estudio reciente, la Coalición comprobó que fuerzas gubernamentales y grupos armados no estatales han usado escuelas y universidades con fines militares en 26 países desde 2005, lo cual representa a la mayoría de los países donde se han producido conflictos armados en ese período. En un estudio anterior, Ataques a la Educación 2014, la Coalición identificó un patrón sistemático de ataques contra la educación en 30 países de distintas regiones del mundo, acontecidos entre 2009 y 2013.

Entre otros asistentes, estuvo presente en la ceremonia de Oslo Ziauddin Yousafzai, asesor especial de la ONU para la educación mundial, y padre y maestro de Malala Yousafzai, la alumna y activista por el derecho a la educación paquistaní que fue víctima de una agresión armada perpetrada por miembros del movimiento talibán paquistaní, y que fue posteriormente distinguida con el Premio Nobel de la Paz. Yousafzai reconoció a los países presentes en la conferencia por haber antepuesto la esperanza asociada con la educación a la desazón provocada por la violencia.

Los países que apoyan la Declaración sobre Escuelas Seguras la consideran un primer paso de un proceso destinado a fortalecer la protección de la educación, y se han comprometido a reunirse periódicamente para evaluar los avances. La organización señaló que la Declaración todavía puede ser adoptada por los países no lo hayan hecho.

“Si bien las Directrices son flexibles, algunos países han expresado preocupación con respecto a las restricciones que puedan implicar para sus fuerzas armadas”, dijo Nijhowne. “Sin embargo, los países que apoyan esta Declaración sobre Escuelas Seguras están dejando en claro que la prioridad es proteger a la educación, y que ha llegado el momento de llevar las palabras a la acción”.