Rifles de combate entre pupitres, municiones al lado de murales de Bob Esponja, alambres y trincheras excavadas en patios de colegios. Y niños que ven vetado uno de los derechos más básicos: poder ir a la escuela sin miedo a ser víctima, objetivo o testigo de la violencia. Estas son las primeras imágenes del vídeo de la campaña de la Coalición Global para Proteger la Educación de Ataques para erradicar el uso militar de las escuelas. El grupo, formado por una docena de ONG y organizaciones internacionales, es el promotor de las Directrices internacionales para proteger a los centros educativos en contextos de guerra, divulgadas este martes por la ONU en Ginebra.

El documento, no vinculante, insta a los Estados a adoptar medidas que eviten que las escuelas se conviertan en campo de batalla. En seis puntos, se resumen las pautas que las partes en conflictos deberían seguir. Al leerla se puede tener la sensación de que sean indicaciones de sentido común, si no fuera porque, en las situaciones a las que se refieren, la protección de los más débiles no prima en las decisiones de los contendientes. Como cuando, habiendo una alternativa, se eligen escuelas o universidades como cuarteles o puntos de apoyo de una acción armada, obligando a las comunidades a elegir entre compartir las instalaciones con los militares —exponiendo al riesgo a los estudiantes— o suspender las actividades.

“La aplicación de las directrices significaría que las fuerzas de los Estados y grupos armados no estatales usarían las leyes internacionales y las buenas prácticas para evitar que escuelas sean utilizadas como barracones, bases, campos de entrenamiento o centros de detención. Las escuelas serían menos expuestas a los ataques de las fuerzas opositoras; los niños no tendrían que convivir con el miedo por ir a una escuela ocupada por soldados. Los progenitores no tendrían que retener a sus hijas en casa por el riesgo de violencia sexual”, explica desde Nueva York Diya Nijhowne, directora de la Coalición.

A pesar de la dificultad de la aplicación sobre el terreno de las “buenas prácticas” recogidas en las directrices, Nijhowne subraya como positivo el hecho de que varios Estados que han protagonizados conflictos en los últimos años se han expresado a favor de las directrices: Argelia, Croacia, Costa de Marfil, Liberia, México, Sudáfrica, Sudán del Sur. “Algunos países que han vivido conflictos, como Filipinas o Colombia, ya tienen en su legislación la protección de las escuelas del uso militar, lo que quiere decir que entienden la importancia de acabar con esta práctica”, añade.

Una tremenda casualidad ha hecho que la publicación de las directrices, resultado de dos años de consultas con Gobiernos, fuerzas militares, agencias de la ONU y organizaciones de la sociedad civil, coincida con el ataque talibán a una escuela en la ciudad de Peshawar, en el noroeste de Pakistán. En el asalto han muerto al menos 125 personas, de las que 100 eran menores. “No conocemos cuál era el estatus del colegio atacado, ni si el hecho de que fuera gestionado por el Ejército ha tenido algo que ver con su elección como objetivo. Pero es casi seguro que no ha sido una coincidencia. Tendremos que esperar a tener más detalles de lo que ha ocurrido”, comenta Nijhowne.

---

La Coalición Global para Proteger la Educación de Ataques (Global Coalition to Protect Education from Attack, GCPEA) es una coalición de organizaciones de características únicas, que incluye a: ACNUR, Council for Assisting Refugee Academics (CARA), Geneva Call, Human Rights Watch, Institute International/IIE’s Scholar Rescue Fund, Norwegian Refugee Council, Protect Education in Insecurity and Conflict, SAIH (El Fondo de Asistencia Internacional de los Estudiantes y Académicos Noruegos), Save the Children, the Scholars at Risk Network, UNESCO, UNICEF y War Child Holland.